Cangrejos: el proyecto minero que divide a El Oro

Lide

El proyecto minero Cangrejos, firmado el 27 de abril de 2026 entre el Estado ecuatoriano y Odin Mining Ecuador S.A. (filial de la china CMOC Group Limited), abrió una fractura en la provincia de El Oro: el Gobierno y la empresa destacan inversión y empleos; comunidades, juntas de agua y organizaciones exigen documentos y alertan por riesgos a páramos, ríos y actividades productivas.

![Imagen del proyecto Cangrejos] (https://ecuadorchequea.com/wp-content/uploads/2026/09/portadanotamineriaecuadorchequea.webp)

Contexto del proyecto y cifras clave

El yacimiento Cangrejos se ubica en el cantón Santa Rosa, en parroquias y comunidades como Bellamaría, Valle Hermoso, San Carlos, Birón y Vega River, y limita con Pasaje y Atahualpa. Según el geoportal del catastro minero, la concesión tiene una extensión de 4.999 hectáreas, aunque dirigentes provinciales hablan de hasta 6.000–6.374 hectáreas distribuidas entre varias concesiones.

- Estimación de extracción: alrededor de 565.000 onzas de oro al año (según la investigación original). - Firma del contrato: 27 de abril de 2026. - Regalías anticipadas recibidas por el Ministerio de Ambiente y Energía: 54 millones de dólares. - Compra previa del proyecto: en abril de 2025 las acciones pasaron a CMOC Group Limited por 419 millones de dólares (transacción que sucedió tras la etapa de Lumina Gold). - Estudio de prefactibilidad publicado por Lumina Gold: 7 de abril de 2023.

Según la compañía y gremios mineros, la inversión inicial rondaría los 1.700 millones de dólares y se proyectan cifras de empleo: 2.000 empleos directos y hasta 10.000 indirectos (estas cifras varían según fuentes empresariales y boletines).

Voces desde las comunidades y organizaciones

La preocupación de las comunidades es focalizada en el agua y la salud. Carmita Pérez Arévalo, dirigente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, resumió el temor: “No queremos arsénico en la orina”. En El Oro, organizaciones agrícolas, juntas de agua y la Asamblea Ciudadana Provincial de El Oro piden acceso a los estudios técnicos que acompañen la explotación: estudio de factibilidad, estudio de impacto ambiental, plan de manejo, licencia/autorizaciones de agua y auditorías.

Jessenia Espinosa, presidenta de la Asamblea Ciudadana Provincial de El Oro, ha insistido en que no pueden pedir “actos de fe” y exige la documentación completa antes de aceptar cualquier avance contractual.

Para muchos dirigentes, la ubicación del yacimiento es su principal alerta: los tajos proyectados y la infraestructura industrial están dentro de un área de recarga hídrica que alimenta ríos y vertientes que abastecen a decenas de miles de personas en varios cantones.

Posturas institucionales y corporativas

El boletín del Ministerio de Ambiente y Energía calificó la firma del contrato (27 de abril de 2026) como resultado de un proceso “técnico y transparente” que fortalece seguridad jurídica y atrae inversión. Alejandra Monroy, directora de responsabilidad social de Odin Mining Ecuador, afirmó que la compañía está optimizando ingeniería y —según la empresa— no realizará intervenciones de explotación hasta contar con las aprobaciones ambientales.

María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara Nacional de Minería del Ecuador, defendió la inversión y la presunción de buenas prácticas, mientras que técnicos de la empresa han detallado aportes sociales como internet satelital y mejoras en infraestructura educativa en Bellamaría.

Sin embargo, las denuncias de opacidad persisten: activistas relatan trámites que demoran, solicitudes de información sin respuesta y documentos cargados en sistemas institucionales pero no accesibles públicamente.

Marco legal y trámite legislativo que abrió el debate

Las reformas legales de 2025–2026 cambiaron reglas clave del sector minero: el Decreto 273 del 31 de diciembre de 2025 y la posterior Ley Orgánica de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía (publicada el 2 de marzo de 2026) introdujeron modificaciones sobre regalías, transferencia parcial de concesiones, y la figura de autorización ambiental en reemplazo de la antigua Licencia Ambiental.

Estas reformas derivaron en múltiples demandas de inconstitucionalidad —incluyendo una presentada por organizaciones de El Oro— y en críticas de colectivos indígenas y ambientales que consideran que la normativa favorece la inversión a costa de garantías ambientales y derechos colectivos.

Transparencia, accesos y documentos pendientes

De acuerdo con fuentes locales y documentos de las organizaciones:

- El Estudio de Impacto Ambiental fue cargado en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) el 20 de mayo de 2026. - El Estudio de Factibilidad se ingresó seis días después (26 de mayo de 2026).

A pesar de estas cargas, activistas denuncian que los documentos permanecen en un “fuero interno” y que, por ejemplo, las peticiones formales para acceder a copias certificadas han recibido respuestas evasivas o demoras que exceden los plazos previstos por la Ley de Transparencia.

Repercusiones socioeconómicas y riesgos productivos

Las organizaciones locales advierten sobre impactos en agricultura y agroexportación: El Oro concentra producción de banano, cacao y acuicultura que pueden tener certificaciones vulneradas ante trazas de metales pesados. Los defensores del agua preguntan por la disponibilidad hídrica requerida: los planes de procesamiento hablan de mover millones de toneladas de material y almacenar relaves en piscinas que, según críticos, podrían afectar vertientes y ríos locales.

Por su parte, autoridades y gremios sostienen que las nuevas inversiones traerán divisas, empleo y desarrollo regional si se cumplen las normas y controles.

Cierre: próximos pasos y puntos por confirmar

El conflicto en El Oro seguirá en los tribunales y en la calle: existen demandas constitucionales contra la reforma legal, solicitudes de acceso a información pendientes y una movilización social activa que ya realizó marchas masivas en 2025. La empresa ha reiterado que no iniciará la explotación sin las autorizaciones correspondientes. La pregunta central —reiterada por comunidades— es si el proceso garantizará la protección de las fuentes hídricas y el derecho a la información pública.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuándo se firmó el contrato de explotación del proyecto Cangrejos? El contrato entre el Estado ecuatoriano y Odin Mining Ecuador S.A. (filial de CMOC Group) fue firmado el 27 de abril de 2026.

¿Cuánto dinero recibió el Ministerio por regalías anticipadas? El Ministerio de Ambiente y Energía recibió 54 millones de dólares como regalías anticipadas, según el boletín oficial.

¿Están disponibles los estudios ambientales y de factibilidad? Según el Ministerio, el Estudio de Impacto Ambiental fue cargado al SUIA el 20 de mayo de 2026 y el Estudio de Factibilidad seis días después, pero organizaciones sociales denuncian que los documentos no están accesibles públicamente.

¿Qué empresas han estado vinculadas al proyecto? Entre las empresas que han intervenido en distintas etapas están firmas canadienses (Lumina Gold) y la actual propietaria financiera y operativa, CMOC Group Limited, que adquirió las acciones en abril de 2025.

¿Cuántas hectáreas abarca la concesión? El geoportal del catastro minero registra 4.999 hectáreas, aunque dirigentes locales y documentos no oficiales mencionan cifras mayores (hasta 6.000–6.374 hectáreas repartidas entre concesiones).

¿Cuántos empleos generaría el proyecto? Fuentes empresariales estiman alrededor de 2.000 empleos directos y hasta 10.000 indirectos, pero esos números varían según la fuente y la fase del proyecto.

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Pronósticos y Cuotas

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